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viernes, 26 de junio de 2015

EL NUEVO TRAJE DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE




José de Jesús Castellanos | 25 Junio 2015


Se ha dicho que la realidad supera a la ficción. En los últimos días me he percatado de ello. Vivimos una situación semejante a aquella en que el Emperador, engañado por unos vivales que le confeccionaron un traje que sólo podrían ver los inteligentes y los aptos para ocupar los cargos que desempeñaban. Todos, para demostrar que eran listos o competentes, se mostraban admirados por la belleza de la tela y de la confección. Hasta que en el desfile de gala en que por primera vez el emperador lucía tan bella prenda ante su pueblo y todos unánimemente lo elogiaban, un pequeño gritó irreverente: ¡El emperador está desnudo! Entonces a todos se les abrieron los ojos. 

Ahora asistimos ante una confección semejante. Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han confeccionado un nuevo traje y salieron a exhibirlo ante la Nación. 

Y como en el cuento de marras, muchos se inclinan y aplauden admirados por la forma que lucen. En primer lugar, habría que reconocer su inteligencia y gran ciencia jurídica, que los hace idóneos para interpretar los misterios de la Constitución. Con ello demuestran que son aptos para su cargo, pues se alinean a lo que los sastres les han indicado que es el traje que deben vestir. 

Vayamos atrás y conozcamos la historia. Los ministros discutieron si el amparo es procedente por parte de quienes en cualquier lugar del país, independientemente de lo que diga su constitución local o el código civil correspondiente, para otorgarles el amparo. Y para ello se vistieron con el traje que ha confeccionado el lobby lésbico-gay en el mundo y en México para victimizarse y señalar que son discriminados al no poder contraer matrimonio y adoptar hijos. 

Y para ello, como en el caso del cuento, y para ser “modernos” y equitativos en el trato, redefinen lo que es el matrimonio, a partir de que los Constituyentes interpretaron lo que la familia era en su tiempo, y no la definieron, ni pensaron en su “evolución”, cosa que ellos sí hacen. Así, que como en el traje de marras, ahora tejen una nueva idea de matrimonio, se lo ponen y lo exhiben ante la sociedad mexicana. 

Seguramente piensan que así como los ministros y el pueblo del cuento que querían quedar bien, elogiando el traje invisible, pensarán que también los mexicanos nos vamos a creer el cuento de que no hay diferencia entre una pareja homosexual y una heterosexual, porque “el matrimonio no se vincula con la procreación”. Se trata de una nueva aportación antropológica y científica de los nuevos sastres. 

Otro valioso argumento de estos sabios intérpretes de la Constitución ellos se unen a esa moda internacional que “arrolladoramente” visten otros países (sólo 9), argumento suficiente para que todos nos vistamos igual y echemos a la basura los trajes del pasado, porque son del pasado y no han “evolucionado”. 

Eso también significa, por cierto, una redefinición de la discriminación. Anteriormente era un trato desigual a los iguales. Ahora se entendería la discriminación como un trato desigual a los desiguales, por lo que habría que darles un trato igual a los desiguales.

Esta alta moda jurídica ya ha sido elogiada por los sastres que la confeccionaron. Desde luego por los ministros que la visten, y quien no quiere pasar por “homofóbico” o retrógrado. Van con la masa, con la corriente.Sin embargo, más allá de las conductas personales, que quedan en quienes las realizan, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros, la realidad es que el matrimonio no está ni por inventarse ni por redefinirse, por lo que sin temor, como ocurrió con el niño del cuento, habrá que decir que con los ministros de la Corte, ¡están desnudos! Aunque eso signifique ir contra corriente.





Fuente: http://www.comunicadorescatolicos.org.mx/articulos/item/1726-el-nuevo-traje-de-los-ministros-de-la-suprema-corte

sábado, 20 de junio de 2015

ALBAZO EN EL PODER JUDICIAL PARA LEGALIZAR BODAS GAY






Jorge Pérez Uribe


Mientras la atención ciudadana se encontraba enfocada en las elecciones intermedias del domingo 7 de junio; el día 3 de junio, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en el sentido de que: <<Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión [...] pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales." “La Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.” "Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.>>

En forma rápida y sigilosa, operó el “lobby gay” incrustado en la SCJN, ya que no fueron los medios de comunicación nacional los encargados de difundir la noticia, sino cadenas extranjeras como CNN o la del diario El País de España, aunque con varios días de retraso.



¿Qué es un lobby y que un lobby gay?




A través de los análisis que he efectuado sobre el tema (Ver “Estudios del IMPP sobre bodas gay” de junio 2013, “Antonio Gramsci y la Revolución Cultural “y “El feminismo radical y la ideología de género”, ambos de febrero 2015“), he observado que estas iniciativas no prosperan sin la actuación de un “lobby” [1]. Por lobby se entiende a un “grupo de presión formado por personas con gran influencia y poder, sobre todo político o económico”, los lobbies pueden ser regionales, nacionales o internacionales. En el caso de la legislación pro-aborto, bodas gay y adopción de niños por parejas homosexuales y lésbicas que es promovida en distintas naciones, se les ha identificado como lobbies anti-familia. Dichos lobbies operan lo mismo en la ONU, en el Parlamento Europeo o en los congresos nacionales y sostienen la misma agenda de reingeniería social.


Bajo el rótulo de “looby gay” se agrupan los miembros de movimientos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), que gozando de los mismos derechos ciudadanos que los heterosexuales, exigen un trato preferencial, arguyendo que son discriminados y calificando a los que no aceptan sus postulados de “intolerantes”.


El caso mexicano


En el Distrito Federal con la llegada del Partido de la Revolución Democrática, de inspiración socialista, se adoptó la agenda antifamilia y LGBT del Partido Socialista Obrero Español de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Inicialmente con la aprobación del aborto y después con la Ley de Sociedades en Convivencia (que validaba las bodas gay y la adopción de menores por estas parejas), y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa del DF en el 2006 y entró en vigor en marzo del 2007. El gran impulsor de esta agenda fue Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno de diciembre de 2006 a diciembre de 2012.

Ebrard buscó que el gobierno del Distrito Federal fuera un polo de atracción para las parejas gay de todo el país, ya que con ello incrementaría los ingresos por trámites y turismo, pero las estadísticas no revelan un gran éxito ya que en los últimos cinco años, solo han contraído matrimonio 4,562 parejas del mismo sexo en la Ciudad de México.

En estos años además de la capital, solo dos estados han aprobado las bodas gay: Quintana Roo (Estado turístico, ya que ahí está ubicado Cancún) y Coahuila.

Al término de su gobierno su Consejera Jurídica y de Servicios Legales e impulsora de la agenda gay, Leticia Bonifaz Nuño, pasó a la SCJN, en donde funge ahora como Directora de Estudios de la Suprema Corte y ha sido una de los principales promotores de esta iniciativa.

El analista Rodrigo Iván Cortés Jiménez, lo comenta de esta forma: <<La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sala primera, ha emitido una expresión muy abusiva en términos de que no está facultada para emitirlo así y ha dado pie a una interpretación en los medios de comunicación que extrapolan el alcance de lo que se ha mencionado en la Sala uno.

¿A qué me refiero? En la sala uno predominan los miembros de la Corte que ponen por encima de la cuestión de la justicia: la ideología, son promotores de la agenda LGBT y de los llamados nuevos derechos. Aquí es importante ubicar que no todo lo justo es legal y desafortunadamente en caso de que eso siguiera, no todo lo legal es justo.

¿Puede haber normas que no sean justas? Si, lamentablemente. Lo que ha dicho la Sala Primera, cuyo alcance no puede ir a los congresos ni a los legisladores de este país sino sólo a los miembros del Poder Judicial y de tribunales por vías de amparo, es que a su modo de ver el matrimonio no es para hombre y mujer y tampoco es para la procreación y el cuidado de los hijos. Meten una redacción ambigua para que se pueda incluir a todos, cualquier tipo de relación, ¡problemas!>> [2]

Por su parte la representante legal de la organización Red Familia, María José Núñez Glennie, hace algunas precisiones sobre lo aprobado recientemente al interior del máximo tribunal de México: <<para declarar inconstitucional una ley hay dos mecanismos legales; uno es el “amparo indirecto contra leyes” para lo cual se debe llegar a las cinco sentencias en el mismo sentido, contra la misma norma y en la misma entidad federativa; y el otro camino es la “acción de inconstitucionalidad”, que se resuelve en el pleno de la SCJN. Sin embargo, asegura que ninguna de las dos cosas ha ocurrido, ya que, en cuanto al amparo indirecto contra leyes, el estado con mayor número de éstos es Oaxaca, y lleva cuatro, por lo cual aún no se puede decretar la llamada “declaratoria general de inconstitucionalidad; y en cuanto a la denominada acción de inconstitucionalidad, que tiene que ver con la aprobación de la SCJN, sólo ha sido la Primera Sala de este órgano la que se ha manifestado en dicho sentido, de manera que la última palabra la tendrá el pleno.

Asimismo, Núñez Glennie afirma que en dicha tesis jurisprudencial hay que hacer matices, ya que sólo es vinculante tratándose de tribunales, pues de ninguna manera puede hacer que los órganos legislativos locales modifiquen sus leyes, lo que quiere decir que todo aquél que desee contraer matrimonio y no cumpla con lo dispuesto, se verá en la necesidad de obtener un amparo para poder hacerlo […]

La representante legal de Red Familia señala además que esta tesis jurisprudencial, si bien declara expresamente que no es idóneo considerar que el objetivo del matrimonio es la procreación y establece que la única finalidad es la protección de la familia, no queda claro a qué hace alude con el término familia, pues si a esta institución se le quita la finalidad y los sujetos, se convierte definitivamente en otra cosa. >>[3]



La voz de la Iglesia Católica


Mons. Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de Las Casas expresó: «lo primero que debo decir es que una ley civil no puede cambiar la naturaleza humana; una decisión jurídica como la presente, no elimina la diferencia de sexos, en su sentido físico y psíquico».



Y sentencia:


«Los Ministros, con su visión legalista, quieren hacer a un lado lo que es obvio: un hombre no fecunda ni complementa a otro hombre, ni una mujer a otra mujer. Esto no es cuestión de religión, sino de configuración de la misma naturaleza humana»


El Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, con su peculiar estilo, cuestionó: “¿por qué la Suprema Corte está empeñada desde hace tiempo en esto, de dónde le viene la presión, de dónde le vienen tal vez las grandes donaciones, los grandes dineros o como yo he dicho, la ‘maiciada’?”.



“¿De dónde le viene a la Suprema Corte para estar legislando estas cosas, siempre en contra de la moral, y como legisla para toda una nación, destruye toda una nación?”, preguntó.

Para el Cardenal, “el problema de fondo está en que hay organismos internacionales” que buscan, entre otras cosas, destruir la familia.

“Una de las medidas para destruir la familia es pervertir el concepto mismo de familia, y hablar de matrimonio como una unión de dos personas, para que quepa cualquier clase de unión en esa definición”.



Por su parte la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo una declaración respecto al Dictamen de la SCJN, el pasado jueves 18:


<<Los obispos, respetuosos de las instituciones y de las diversas formas de pensar y vivir, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, reiteramos nuestra convicción, basada en razones científicas, sociales y religiosas, que la familia, célula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantizan la supervivencia de la sociedad. De ahí que, por ser de eminente interés social, el derecho civil confiera a esta unión un reconocimiento institucional, que el Estado ha de promover y tutelar para el bien común.



Esta convicción consta en la tradición jurídica bimilenaria de Occidente, recogida y profundizada a lo largo de nuestra historia por legisladores y juzgadores de diversas corrientes de pensamiento e ideologías, la cual se ve reflejada ya desde el Código Civil de 1870 emanado bajo el gobierno del presidente Benito Juárez, del Código Civil Federal de 1928 promulgado por el presidente Plutarco Elías Calles, y en la mayoría de los actuales Códigos Civiles o Familiares de los Estados de la República.



Por eso, como ciudadanos, consideramos que la sentencia de la Suprema Corte, además de romper con esta sólida tradición jurídica y el bien social que custodia, contraviene los principios del federalismo y la razón de ser de los diversos códigos civiles, que pretenden responder a la realidad concreta de cada entidad federativa y su pluralidad, lo que debe reflejarse en las acciones de los jueces.

Todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tenemos dignidad y derechos. Y dado que toda persona es idéntica a sí misma y diferente a las demás, han de derivarse tratos variados según esas diferencias. Con esta convicción, la Iglesia sostiene que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, y defiende este valor para el bien de las personas y de toda la sociedad.

La discriminación es una distinción injustificada, que en este caso no se da, ya que el matrimonio siempre ha sido entre personas de diferente sexo, hombre y mujer. No corresponde a la Suprema Corte crear nuevas formas de matrimonio, porque ya no sería matrimonio, sino otro tipo de unión. En el caso que nos ocupa, sí se justifica la distinción, como la hay, por ejemplo, al no permitir el voto a un menor de edad o a un extranjero, ya que no atenta a sus derechos políticos, sino salvaguarda la Nación.>> [4]






[1] http://www.wordreference.com/definicion/lobby
[2] http://www.yoinfluyo.com/multimedia/376-videos/rodrigo-ivan-cortes-jimenez/11952-lo-justo-y-lo-legal
[3] http://www.siame.mx/apps/info/p/?a=13383&z=125
[4] http://www.cem.org.mx/i/uploads/DECLARACION_CEM-SUPREMA_CORTE.pdf

lunes, 15 de junio de 2015

NUEVOS SIERVOS DE LA GLEBA




Alfredo Conde



Antes de que nos bancarizaran, antes de que bancarizaran nuestras vidas, entonces, la vida era muy distinta de cómo lo es ahora. Comprenderán que no me refiero únicamente a aquellos tiempos en los que los bancos prestaban dinero, arriesgando el que le habían confiado sus clientes, confiando en recuperarlo, y al tiempo, en que obtendrían unos beneficios gracias a los intereses que devengarían esos préstamos.


Eso que les cuento sucedió en los años de María Castaña y sólo se acuerdan de ello los más viejos de la tribu. Eran los tiempos de la economía real. Los más jóvenes ya han sido educados en la bancarización, en el plan de estudios, es un decir, pues más que de aprendizaje parece de castración y doma, mucho más y mucho mejor elaborado que cualquier otro plan de estudios con los que nuestra sociedad haya ido siendo paulatina y eficazmente idiotizada. ¡Ah, qué tiempos! 


Entonces se celebraban los chismorreos a las puertas de las casas, las viejas comadres sentadas en sillitas bajas, afiladas las lenguas, dispuestos los trajes con el que iban a tapar -o a dejar al desnudo- las vergüenzas de las gentes celebrando un rito estacional y cotidiano que tenía lugar, una vez llegada la hora de la fresca, en el verano; porque en el invierno lo que se hacía era escuchar historias, una vez superada la hora de la cena, mientras las botellas rellenas de agua hirviendo iban calentando los lechos en los que las gentes dormirían. 


De aquella no había luchas por las audiencias. La gente hablaba por placer o por pasar el tiempo, en unos casos, por pura maledicencia en otros, asentados en un amateurismo que hoy resulta incomprensible a quienes se educaron al compás de las intervenciones de los profesionales de la cosa, ya saben, Kiko Matamoros, Belén Esteban o cualesquiera otros que deshuesan a quien sea, a cuenta de lo que sea, todo con tal de mantener el share.


En aquellos lejanos tiempos cuando, por la razón que fuese, un banquero fracasaba solía descerrajarse un tiro. El último que yo recuerdo fue uno del Banco Coca. Me acuerdo de él porque, no muchos años después, en un barco en el que yo entonces navegaba y que de vez en cuando se dedicaba a hacer cruceros, navegó uno de sus familiares que, en su juventud también había sido marino, y hablamos mucho durante unos pocos días. Sucedió antes de que nos bancarizasen.


Entonces te atendían cuando entrabas en una sucursal bancaria, descolgaban el teléfono cuando los llamabas y no te cobraban por devolverte por ventanilla una cantidad cualquiera del dinero que les habías confiado basándose en el principio de que era “tu” dinero y no el de ellos el que te restituían. Tampoco te cobraban un par de euros a mayores por especificar el concepto en el correspondiente impreso de una transferencia. Tiempos maravillosos y lejanos. Se extendían letras de cambio, se firmaban cheques, se concedían créditos y el dinero circulaba. La correspondencia mantenida con el cliente era fluida, diaria en caso de tener movimiento la cuenta abierta en la sucursal que fuese, y así continuó siendo hasta que empezaron a asomar la oreja las tarjetas que hoy usamos. El dinero de plástico, que se decía entonces, y que efectivamente resulto serlo: de plástico, como las bombas.


A partir de ahí empezamos a domiciliar nuestros recibos, las empresas bancarizaron sus nóminas, nuestras compras y nuestros gastos, qué decir ya de nuestros ingresos que empezaron a ser minuciosamente registrados de modo que poco a poco empezaron a cobrarnos comisiones por esto y por aquello e insensiblemente echamos a andar por el camino que hasta aquí nos trajo. Atados de pies y manos, sin capacidad alguna de defensa. Toda nuestra vida pasa por el banco. Todo. Y por todo cobra el banco. Es el dueño de nuestras vidas. Los banqueros ya no se suicidan. Si el banco quiebra, incluso si quiebra porque ellos se convencieron de que el banco, es decir, el dinero que el banco manejaba era total y únicamente suyo y de forma indecente se lo apropiaron, ahora son los clientes desahuciados los que dan fin a sus vidas mientras que el Estado, con el dinero de todos, acude presto y presuroso a restaurar lo hurtado con premeditación, escaso arte y algo más que alevosía.


Trabajamos para los bancos, son los nuevos señores feudales que vampirizan el Estado y gobiernan nuestras vidas según sus necesidades; es decir, la bancarización nos ha convertido en unos nuevos siervos de la gleba siempre listos para que nos frían a impuestos a favor de las arcas de los nuevos feudales a cambio de que ellos nos presten su protección. No sabemos bien de qué, pero es de temer que debieran protegernos de ellos mismos, algo que debiera depender del Estado, de ese instrumento del que la sociedad se dota para que le sirva en vez de para servirle a él y ahora ya a los banqueros que, a través de los gobiernos, hace de la capa del Estado un sayo.


Por eso no nos deberemos llamar a sorpresa alguna si dentro de un tiempo alguien empieza a hablar de nacionalizar la banca porque aquí y de momento los únicos que estamos nacionalizados, al menos en el sentido que se expresa, somos los sufridos ciudadanos, abrasados a impuestos, corroídas nuestras economías y hundida nuestra clase media, la que libera las tensiones siempre generadas entre los muy ricos y la mayoría empobrecida, e inmersos todos no se sabe muy bien si en una dictadura consentida, si en una democracia autoritaria, en la que los partidos y las demás instituciones dependen de los dictados de una banca que se las sabe todas. 


¿No se lo creen? Como dijo Don Mariano no hace mucho, háganme caso, les irá bien. En algún lugar de mi biblioteca guardo unas cartulinas en las que se reflejaban los informes que se hacían, en aquellos que hoy parecen maravillosos tiempos, a los clientes del desaparecido Banco Hispano Americano. Ya quisiera la policía de entonces tamaña exhaustividad y precisión. Se cubrían a mano reflejando los datos recabados y obtenidos porque entonces aún no había ordenadores, ni tarjetas de plástico, las multas de tráfico no tenías que pagarlas en un único banco, los recibos venían a cobrártelos a casa, las letras de cambio eran preavisadas… etc. etc. etc., todo sin cobrarte un duro y quedándote los bancos muy agradecidos. Así que, por una vez, imaginemos la distancia recorrida, lo que va de ayer a hoy, procurando no marearnos, al tiempo que pronunciamos, el número de veces que consideremos necesario, la jaculatoria aquella que rezaba de este modo: virgencita, virgencita que nos quedemos como estamos. A ver si así.


7 de mayo de 2015




Fuente: http://www.laregion.es/opinion/alfredoc/nuevs-siervos-gleba/20150507081503542299.html

jueves, 4 de junio de 2015

MÉXICO: LA EDUCACIÓN SECUESTRADA




Raúl Trejo Delarbre


Con un comunicado de 47 palabras, el gobierno federal propinó a la reforma educativa un golpe contundente e injusto. La suspensión indefinida de los procesos de evaluación para los profesores ha sido particularmente escandalosa por inopinada y repentina. El parco boletín de la Secretaría de Educación Pública, difundido la tarde del viernes 29 de mayo, resultó tan inaceptable incluso para sus autores que pocas horas más tarde lo retiraron del sitio de esa dependencia. Pero se trata de una medida que tuvo que haber sido aprobada en las cúpulas del gobierno federal y de la propia SEP y que lastima a la reforma de los años recientes que más consensos encontró en la sociedad y entre los partidos políticos.

La suspensión de los concursos para ingreso, promoción y permanencia de los profesores es ilegal, ofensiva y absurda. La SEP contraviene la Constitución y las leyes en materia de educación al interferir procesos de evaluación que se encontraban ya en curso.

El meollo de la reforma de 2012 y 2013 fue, precisamente, el establecimiento de evaluaciones para el desempeño de los profesores y como único criterio en la contratación de nuevos docentes. Esa tarea, para ser confiable, es diseñada y revisada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, un organismo público y autónomo.

La cancelación de las evaluaciones fue decidida por el gobierno de manera tan repentina y unilateral que ni siquiera los miembros de la Junta de Gobierno del INEE estaban enterados. La indignación que manifiesta el comunicado que ese organismo publicó al día siguiente, el sábado, indica la gravedad de la decisión de la SEP. La Secretaría, explican, “atenta contra el artículo 3º de la Constitución”, se trata de una medida que “no tiene fundamento” y de “una invasión a la competencia del INEE (que) vulnera su autonomía constitucional”.

Más aún, la SEP amenaza el próximo ciclo escolar que no podrá comenzar “con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley”. Además, “se atenta contra el derecho de casi 400 000 mexicanos” que aspiran a ser profesores, o lo son ya y quieren promoverse o lograr incentivos a los que tienen derecho.

La decisión de la SEP también es agraviante por la ausencia de explicaciones. El ahora desaparecido Comunicado 129 simplemente anunció la suspensión de las evaluaciones “con motivo de nuevos elementos a considerar”.

Tales motivos, para el presidente Enrique Peña Nieto —sin cuya autorización es impensable que se hubiera tomado esa medida— y para el secretario Emilio Chuayffet, fueron más importantes que la educación de millones de niños y jóvenes, los derechos laborales y al trabajo de 400 mil ciudadanos y la autonomía constitucional del INEE. También prevalecieron sobre el trabajo político que el propio gobierno hizo en las primeras semanas de la actual gestión y que contó con la disposición de los partidos para aprobar una reforma educativa insuficiente pero de innegable trascendencia.

La ausencia de explicaciones, que ratifica la inhabilidad o al menos la renuencia argumental del gobierno de Peña Nieto, ha propiciado inmediatas especulaciones. La más generalizada sugiere que el gobierno suspende la evaluación como resultado de las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que amenazó con boicotear las elecciones del domingo próximo.

De ser así, estamos ante la claudicación del Estado frente a chantajes de un grupo estridente, que ciertamente ha sido capaz de entorpecer la vida pública en demasiadas ocasiones recientes pero que es minoritario entre los maestros y que no tiene el respaldo de la sociedad.

Se trataría, además, de una decisión fallida porque la CNTE ha dicho que la postergación de la evaluación educativa no es su única exigencia. Este lunes hará otra marcha en la ciudad de México y reforzará el ya añejo plantón en el Monumento a la Revolución. Así que el gobierno entrega una de las pocas medidas que han tenido respaldo social y reconoce su incapacidad para garantizar la realización sin conflictos de las elecciones.

Para los siguientes dos meses, el INEE tenía previsto el concurso para promoción de los docentes que quieran desempeñar funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica (15 al 30 de junio) y en la enseñanza media superior (4 al 19 de julio). También del 4 al 19 del mes próximo debía realizarse la evaluación nacional para profesores de educación básica y media superior que ingresaron antes de febrero pasado. En esas fechas además serían los concursos de oposición abiertos para aspirantes a plazas docentes en escuelas de enseñanza básica y media superior. Y del 30 de julio al 7 de agosto, la evaluación de aspirantes a funciones de asesoría técnica pedagógica temporal.

Todos esos son procesos nacionales, que requieren una preparación cuidadosa. La modificación de tales fechas los afecta, sobre todo ante el ciclo escolar que comienza en agosto.

La evaluación les permite a los profesores que sí trabajan, y que sin duda son mayoría, hacer valer sus méritos y ganar promociones y mejores condiciones laborales. A los jóvenes que quieren ser maestros, les garantiza que los tomen en cuenta sin tener que someterse a mecanismos clientelares. Además la evaluación permite que conozcamos la situación real de la enseñanza en México.

Por ejemplo, ahora se puede constatar que la preparación de los profesores es muy desigual. Una investigación reciente del INEE (Los docentes en México. Informe 2015) muestra los resultados de las evaluaciones entre alumnos de los últimos semestres en escuelas normales de todo el país. En 2013, los exámenes generales de conocimientos indicaron que el 17.7% de quienes estudiaban para profesor de primaria en normales públicas alcanzó el nivel de “sobresaliente”. Sin embargo el 38.4% fue calificado con el nivel de “insuficiente”. En las normales privadas, en el mismo nivel, los estudiantes en el nivel “sobresaliente” fueron apenas el 8% y los ubicados en el rango “insuficiente” el 58% En la licenciatura para la enseñanza de las matemáticas en escuela secundaria, en normales públicas, el 26.6% de los aspirantes a profesores lograron el nivel “sobresaliente” y el 28.6% “insuficiente”.

Ahora el ingreso al servicio profesional docente es por concurso. En el concurso de ingreso 2014-2015 se presentaron a evaluaciones 165 mil 384 aspirantes, la mayoría (130 mil 512) para plazas en educación básica. Casi todos ellos, 123 mil 038, fueron evaluados con dos exámenes, de conocimientos y habilidades para la práctica docente y de habilidades y responsabilidades ético profesionales. De esos aspirantes, solamente el 40.4% obtuvo resultados considerados como “idóneos”. El 59.6% fueron calificados como “no idóneos”. Pero hay diferencias de un estado a otro. En Querétaro, el 58% de los aspirantes alcanzó resultados idóneos. Pero en Chiapas y en Tabasco los “no idóneos” fueron 80%, en Guerrero el 77%, en Michoacán el 67%.

La evaluación docente es un derecho de los profesores y los alumnos. El gobierno falla al dejarla en la indefinición. Por lo pronto, y a menos de una semana de que vayamos a las urnas, esa torpe medida incorpora el tema de la educación en la agenda electoral. Los ciudadanos podrán votar, o rechazar, a los partidos que defienden o a los que desprecian la reforma educativa aprobada con tanta algarabía hace menos de dos años. O habrá, claro, quienes ante esa pobreza de opciones decidan anular su voto.



Fuente: Diario La Crónica, 1° de junio de 2015