Anastacio Zerecero, en sus memorias afirma, que fue <<entonces cuando se fundó una sociedad secreta partidaria de la insurgencia llamada de El Águila, que se convertiría posteriormente en la de los Guadalupes. También nos informa que Antonio del Río e Ignacio Velarde –este último pariente suyo-, que salieron de México y se unieron a Hidalgo cuando este se hallaba en Las Cruces, fueron los primeros en establecer comunicaciones entre los jefes insurgentes y aquella sociedad. Para Timmons, “Aunque existe algún desacuerdo entre los distintos autores sobre cuando se originó la sociedad, probablemente se creó después del Grito de Dolores”>>[2]
Las conspiraciones de “Los Guadalupes”
Si bien el movimiento insurgente contaba con numerosos simpatizantes en la Ciudad de México, estos no gozaban de la simpatía de algunos insurgentes quienes en el Despertador Americano se referían a ellos como: “…el apático Mexicano vegeta a su placer, sin tratar más que de adormecer su histérico con sendos tarros de pulque. Como hace seis comidas al día está siempre indigesto, y como está rodeado de la mofeta de su laguna, no se le ve respirar fuego.”
No obstante, quienes sí sopesaron la realidad fueron las autoridades virreinales, que aumentaron la vigilancia, medida que sirvió para unir tanto a los inconformes como a los partidarios de la insurgencia y para convencerlos de la necesidad de guardar el secreto de sus simpatías y actividades.
<<Ante la fuerza que a poco de iniciado alcanzó el movimiento insurgente y ante la destrucción que llevó consigo, las propias autoridades coloniales, tanto seculares como eclesiásticas, así como los adictos al gobierno español, ya fueran peninsulares o nacidos en el reino, no solo de la capital sino también de las demás localidades donde había imprentas, trataron de incitar a la reflexión y a la unión. Esto se hizo por medio de numerosos sermones, exhortaciones, pláticas, alocuciones, memorias, reflexiones y discursos, que por su abundancia y reiteración vienen a demostrar, entre otras cosas, lo dividido que se hallaban los ánimos. Sin embargo, estas producciones no siempre tuvieron el éxito que esperaban, pues es buena medida no era ya el momento de reflexionar sino de actuar. Bien lo comprendió Félix María Calleja al afirmar –con cierta exageración, hay que reconocer- que por entonces cada uno de los americanos descontentos hacía uso de lo que tenía para acabar con los europeos y conseguir la independencia: “el rico sus tesoros, el joven sus fuerzas, la mujer sus atractivos, el sabio sus consejos, el empleado sus noticias, el Clero su influjo y el indio su brazo asesino”.>>[3]
La prisión de hidalgo y los demás jefes insurgentes en marzo de 1811, si bien fue un duro golpe para algunos de sus partidarios capitalinos y desanimó a muchos, que incluso quisieron reivindicarse con el régimen. Para otros terminó con cualquier indecisión y los llevó a la consideración de que no se debía esperar todo de los alzados, sino que era necesaria una participación más activa de todos los partidarios e incluso de dar un golpe de estado ellos mismos.
Un ejemplo de los que buscaron congraciarse con el gobierno, fue el caso de la autodenuncia que José Ignacio Sánchez hizo de sí mismo y de varios supuestos conspiradores –entre ellos varios miembros de Los Guadalupes- de la Ciudad de México, ante la Inquisición el 19 de abril de 1811, aunque no de una conspiración en especial.
La conspiración de abril de 2011
Por otro lado tenemos la conspiración que fue descubierta a fines de abril de 2011 en la Ciudad de México, cuya principal instigadora era Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. En ella podemos encontrar a Manuel Lazarín y su esposa Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, quienes efectuaban una tertulia la noche en que se supo en la Ciudad de México la captura de hidalgo y demás jefes. Ahí mismo ante el abatimiento de los independentistas, la enjundia de Mariana los convenció de secuestrar al virrey Venegas, para canjearlo por los insurgentes capturados. <<… Mariana ayudada de de sus dos cuñados , que eran militares, se encargó de “seducir” a los oficiales de las tropas acampadas en el Paseo Nuevo, a donde concurría el virrey Venegas todas las tardes, para que secundasen sus objetivos. Éste consistía en que “… el día convenido, a una señal, debía de proclamarse la independencia y apoderarse de la persona del virrey” […] en los planes de esta conspiración estaba “…el encerrar en la casa de locos a los oficiales que estuvieran de guardia la noche del 15 de septiembre de 1808 y a los ministros de este tribunal: porque unos y otros resistirán siempre sus perversos designios”. Los planes llegaron a estar muy adelantados, habiéndose pensado en quienes debían de sustituir a los ministros de la Audiencia y en establecer esa institución tan anhelada desde 1808 por los sectores autonomistas novohispanos: una junta de gobierno, lo que muestra que los conspiradores además de simpatizantes de la insurgencia, eran movidos por ciertos intereses autonomistas. Zerecero nos dice que; “se movió a las masas para que a la vez que se hiciera el movimiento en el campamento, se apoderasen de las demás autoridades y se echasen sobre los españoles residentes en la ciudad para que estos no pudiesen impedir la aprensión del virrey. La conspiración se generalizó de tal manera, que tomaban parte muchos eclesiásticos y comunidades enteras de religiosos que debían salir por distintas partes, con sus crucifijos, a predicar la matanza de españoles.”
Zerecero también nos dice que el día antes de que estallase, uno de los conjurados, que según este autor se llamaba José María Gallardo y era amigo de su padre, temeroso de perder la vida en semejante empresa, se confesó con un religioso, quien fue a denunciarlo ante el virrey. Apresado este conspirador, descubrió todo lo que sabía y así fueron aprendidos los demás conjurados. Mariana fue conducida a prisión el 29 de abril. En una carta dirigida a Rayón desde México por un tal “M. P.” –al que no he podido identificar- el 7 de agosto de ese año, se dice que se había convocado cosa de dos mil hombres “…y entre ellos los principales de México repartidos en varios puntos; pero uno de éstos que se había comprometido a operar, este grandísimo pícaro, fue a hacer una denuncia tan clara, como que estaba bien impuesto de todo, el mismo día que había de ser sido…”, por lo que ya no se pudo hacer nada y fueron aprendidos setenta y dos individuos. Por fortuna muchos lograron escapar, “…de cuyas resultas se haría Morelos como de quinientos hombres lo menos, porque hasta allá no pararon” […]
Según el coronel Vicente Ruiz, fiscal de la causa, fueron tantos los que se hallaron mezclados en esta conjura, “de las principales clases del estado”, que dos años más tarde expondría al virrey que era prácticamente imposible continuar la causa que se les seguía por el gran número de implicados y por la importancia que tenían. Y para fundamentar este juicio adjunto la lista de los mismos, “debiéndose inferir que sería una progresión casi al infinito los que irían apareciendo de la expresada evacuación de citas, y de las que de ellas fueren resultando”.>> [4]
Entre las cinco personas que formarían una junta de gobierno aparece el alcalde de Corte, José María Fagoaga, el canónigo José maría Alcalá, Tomás Murphy y un licenciado Bustamante, que parece ser Carlos María, aunque este lo negó con las siguientes palabras “La conspiración de abril la tuve por una locura, porque tenían entonces los españoles muchos recursos y sistematizado su espionaje para impedir todo movimiento en México”.
Para sustituir a los ministros de la Audiencia se había pensado en el licenciado Juan Nazario Peimbert y Hernández, el canónigo Santiago Guevara, el licenciado Castillejos, Jacobo de Villaurrutia y el licenciado Manuel Argüelles. Los nombres de los cómplices aparecen encabezados por el marqués de San Juan de Rayas. Le seguían los nombres de varios nobles más como el conde de Santiago, el conde de Regla, el conde de Medina, el marqués de San Miguel de Aguayo. También aparecen como cómplices comunidades enteras de religiosos: la de San Francisco, la de Santiago, la de Santo Domingo, la de San Agustín, la de la Merced.
No se castigó con dureza a los aprendidos, debido a que eran muchos los implicados, a que pensaban que capturado Hidalgo y sus principales colaboradores, la insurgencia se extinguiría, así como el temor de que la persecución de personajes de importancia avivara el descontento general. Por ello la pena máxima que sufrieron algunos de ellos fue la prisión.
La conspiración de agosto de 2011
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| Paseo de la Viga |
Vinieron pocos meses de relativa calma, pero al ver la relativa bondad con que se trataba a los conspiradores apresados, al mismo tiempo que se recibían noticias de los triunfos insurgentes de Morelos y del establecimiento de un reducto importante en Zitácuaro encabezado por Ignacio López Rayón, jefe del movimiento insurgente, los capitalinos se animaron a intentar otro golpe contra el gobierno virreinal, pensado para la tarde del 3 de agosto de 1811.
La cabeza de movimiento era Antonio Rodríguez Dongo y el plan era semejante al de la conspiración de abril, es decir, la aprensión del virrey Venegas en su diaria visita, al Paseo de la Viga, él cual sería remitido de inmediato a Zitácuaro en donde se le haría que ordenase lo más conveniente para el triunfo de la insurrección. Los conspiradores de acuerdo con los insurgentes de Zitácuaro, esperarían a una partida de Zitácuaro al mando de José Alquicira. La señal de éxito del secuestro de Venegas, se haría en la capital a través de la esquila del convento de La Merced y los conjurados tomarían presos a los ministros de la Audiencia, a las autoridades principales y a otras personas distinguidas. También se apoderarían de armas de los cuarteles, poniendo en libertad a los presos para que conjuntamente con los Granaderos del Comercio tomarán el Palacio. El encargado de la organización era el licenciado Antonio Ferrer, miembro del Ilustre y Real Colegio de Abogados y empleado en el Juzgado de bienes de Difuntos, de quien dice “M. P.” ser muy su amigo.
Esta conspiración fue denunciada por tres personas: el barbero del rey Cristóbal Morante que era uno de los conjurados, Manuel Terán empleado en la Secretaria del Virreinato y una mujerzuela a la que el virrey llamaba su Malintzin.
Fueron aprendidos muchos de los conspiradores, otros advirtiendo las mañaneras disposiciones militares consiguieron escapar. Los aprendidos fueron juzgados de inmediato y a los que se considero entre los principales instigadores fueron condenado a muerte, entre ellos los cabos Ignacio Cataño y José María Ayala, Antonio Rodríguez Dongo, Félix Pineda y José María González. El licenciado Antonio Ferrer fue condenado para calmar los ánimos de los peninsulares contra los abogados que en gran número estaban comprometidos con la independencia. La ejecución de los reos se efectuó el 28 de agosto en la plaza de Mixcalco.
Entre esta conspiración y la de abril, aunque semejantes en su finalidad y en ser conocidas por mucha gente, hay una diferencia sustancial: en la de abril, el movimiento insurgente estaba aparentemente descabezado con los principales próceres en la cárcel, por lo que los conspiradores pensaron en una “junta de gobierno” capitalina. Para agosto el jefe insurgente designado por Miguel Hidalgo: Ignacio López Rayón, con una sede libre en Zitácuaro, organizaba ya una junta insurgente. Y así el 19 de agosto se celebraría una asamblea de generales insurgentes, en la que se acordaría la instalación de una “Suprema Junta Nacional Americana que, compuesta de cinco individuos, llenen el hueco de la soberanía”.
Y la Ciudad de México se convirtió en un estado policíaco
El virrey Venegas, sensible al cariz que en la Nueva España tomaba la lucha armada, así como a la actividad conspirativa en la capital, en donde el descontento con el gobierno colonial era evidente; aprovechó esta conspiración para establecer un control más radical sobre los “mexicanos”. Para ello se creó “una vigilante policía”. Pidió suscripciones para su mantenimiento y estableció un Reglamento que contó con el voto consultivo del real Acuerdo, expedido el 17 de agosto de ese año. El oidor Pedro de la Puente fue nombrado como superintendente general, José Juan Fagoaga como diputado tesorero y 16 tenientes conformaron la Junta de Policía y Tranquilidad Pública de la ciudad. <<Cada teniente debía de elaborar un padrón general de los habitantes de su tenencia en el término de tres días. En el debían de constar nombre, apellido, edad, calidad, naturaleza, estado, oficio y procedencia de cada uno de los residentes. En hojas separadas se registraría a cada familia, enumerando sus individuos, huéspedes y criados y se ordenaría este registro por calles y por número de casas, con un índice alfabético al final; a cada familia se le extendería su papeleta. El Reglamento fijaba, además una serie de restricciones: no se podía mudar de casa dentro del mismo barrio sin dar aviso a la autoridad competente, y si se mudaba de barrio debía mostrarse la papeleta. También debía darse aviso al aceptar nuevos criados, dependientes o huéspedes, así como si se deseaba pasar dos noches seguidas fuera de casa. Los mesoneros y posaderos debían informar quienes eran sus huéspedes. Se reglamentó nuevamente sobre los pasaportes, los que debían uniformarse y serían indispensables para entrar o salir de cualquier lugar, y se estableció un rígido control en las garitas. Poco después el superintendente de la Junta dio órdenes para que se controlase el correo de los particulares, ya fuera el que recibían, ya el que remitían.>>[5] Un estado soviético diríamos hoy día, aunque entonces el modelo era el estado napoleónico.
Jorge Pérez Uribe
Notas:
[1] Virginia Guedea, En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México, Universidad Autónoma de México, México, 2010, págs.44, 45
[2] Ibídem, pág.45
[3] Ibídem, pág.47
[4] Ibídem, págs.50, 51
[5] Ibídem, págs.60, 61
